canary-on
10-10-2005, 22:56
La Audiencia Provincial de Murcia juzgará mañana a dieciocho personas, entre ellas dos guardias civiles, presuntamente implicados en un caso de tráfico de drogas y de cohecho, según las conclusiones del fiscal, a las que ha tenido acceso EFE.
El Ministerio Público acusa a Gregorio M.L., que era sargento comandante de puesto de la Guardia Civil en Cabo de Palos, y al guardia civil Emilio S.L., junto con otras cuatro personas, de los delitos de cohecho y contra la salud pública, mientras que considera que los otros 12 imputados cometieron este segundo delito.
Para el fiscal, los dos miembros de la Benemérita, 'en fechas no concretadas con exactitud, pero iniciadas, al menos, en mayo de 2002, decidieron poner el ejercicio de sus cargos al servicio del tráfico de hachís a cambio de dinero'.
'Para ello, añade, aprovecharon que Gregorio M.L. confeccionaba semanalmente los nombramientos de los guardias civiles para los servicios de vigilancia y los puntos que debían ser vigilados dentro de la demarcación, así como la coordinación de los cuarteles cercanos, conociendo, por tanto, qué fechas y lugares podían ser idóneos para este tráfico'.
Así, conectaron con otros implicados en este proceso y prepararon una operación, añade el fiscal, con 1.610 kilos de resina de cannabis, con un valor en el mercado ilícito de casi 2,3 millones de euros
Para el fiscal, los dos guardias civiles que aparecen como principales inculpados recibieron al menos 84.100 euros, y pide para cada uno seis años de cárcel y multa de 160.000 euros por un delito de cohecho y tres años y nueve meses por un delito de tráfico de drogas. Para el resto de los acusados, el fiscal pide penas diversas por este mismo delito.
Para los dos primeros, solicita igualmente que el tribunal los condene a doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El Ministerio Público acusa a Gregorio M.L., que era sargento comandante de puesto de la Guardia Civil en Cabo de Palos, y al guardia civil Emilio S.L., junto con otras cuatro personas, de los delitos de cohecho y contra la salud pública, mientras que considera que los otros 12 imputados cometieron este segundo delito.
Para el fiscal, los dos miembros de la Benemérita, 'en fechas no concretadas con exactitud, pero iniciadas, al menos, en mayo de 2002, decidieron poner el ejercicio de sus cargos al servicio del tráfico de hachís a cambio de dinero'.
'Para ello, añade, aprovecharon que Gregorio M.L. confeccionaba semanalmente los nombramientos de los guardias civiles para los servicios de vigilancia y los puntos que debían ser vigilados dentro de la demarcación, así como la coordinación de los cuarteles cercanos, conociendo, por tanto, qué fechas y lugares podían ser idóneos para este tráfico'.
Así, conectaron con otros implicados en este proceso y prepararon una operación, añade el fiscal, con 1.610 kilos de resina de cannabis, con un valor en el mercado ilícito de casi 2,3 millones de euros
Para el fiscal, los dos guardias civiles que aparecen como principales inculpados recibieron al menos 84.100 euros, y pide para cada uno seis años de cárcel y multa de 160.000 euros por un delito de cohecho y tres años y nueve meses por un delito de tráfico de drogas. Para el resto de los acusados, el fiscal pide penas diversas por este mismo delito.
Para los dos primeros, solicita igualmente que el tribunal los condene a doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.