Libertad de expresión en Argentina

[tonike]

La Corte Suprema de Justicia analizaría si es un delito penal que se difundan a través de Internet los secretos y consejos sobre cómo cultivar marihuana en casas particulares, además de plantear los supuestos usos y beneficios de esa
sustancia.

Así lo determinó el fiscal de la Cámara Nacional de Casación Penal Ricardo Wechsler, quien le pidió al máximo tribunal de Justicia que revierta el sobreseimiento que benefició a dos jóvenes imputados de infringir la ley de estupefacientes a través de un sitio de Internet llamado "Página oficial del porreta argentino".

"Los hechos acreditados distan mucho de mostrarnos a dos ciudadanos preocupados por incluir en la red un tratamiento serio de un tema por demás complejo como lo sería la permisibilidad del Estado en materia de estupefacientes", dijo el fiscal en su dictamen.

Wechsler pidió que esos jóvenes queden procesados y sean enviados a juicio oral, en el cual podrían recibir una pena de dos a seis años de cárcel por haber inducido y promovido el uso de estupefacientes, según se supo hoy en Tribunales.

En la "Página oficial del porreta argentino", que lleva como título "Libertad de informar y de hacer uso de la información", se explican las clases de cannabis y cómo consumirlas con recetas y consejos; se establecen las "reglas del fumador" y hasta hay una entrada que dice "consejos para el autoconsumo: prepará tu jardín en cualquier lado".

Precisamente, hace casi cinco años, personal del Departamento Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal detectó esta página y alertó a la Justicia. Fue así como se hicieron operativos y se logró involucrar a un joven a quien se le imputó haber registrado el dominio de la página cuestionada, y a otro muchacho que habría diseñado el cuestionado informe.

Ambos quedaron procesados por haber supuestamente "preconizado y difundido sustancias estupefacientes prohibidas", además de haber divulgado "su uso", se explicó. También se les imputó la "impartición de instrucciones punibles acerca de la producción, fabricación y uso de estupefacientes".

Las defensas apelaron y, en marzo del 2002, la Sala I de la Cámara Federal decidió sobreseer a los involucrados. Pero la resolución llegó a la Cámara Nacional de Casación Penal, que anuló la sentencia de segunda instancia por "vicios formales", apartó a sus magistrados y remitió el expediente a la Sala II, donde nuevamente se decretó la inocencia de los involucrados.

Pero hubo una nueva apelación y el expediente se giró a la Sala IV de Casación, que decidió ratificar los sobreseimientos. Según el máximo tribunal penal, la Constitución Nacional resguarda "la libre expresión de ideas" y la "ausencia de nocividad" en los contenidos del material difundido.

El fallo, sin embargo, contó con el voto en minoría de la camarista Ana María Capolupo, quien sostuvo que tal protección "no puede importar un goce ilimitado del derecho" y planteó la necesidad de defender la salud pública.

Sobre estos argumentos, el fiscal Wechsler presentó ahora un dictamen ante la Corte Suprema, donde pidió que se revoque el sobreseimiento de los involucrados y señaló que sus expresiones "resultan aptas para lesionar el bien jurídico y encuadran perfectamente en las figuras de preconización y divulgación de estupefacientes previstas en el artículo 12 inciso 'a' de la ley 23.737".

Esa ley, sancionada y promulgada en 1989, establece que "será reprimido con prisión de dos a seis años" al que "preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes, o indujere a otro a consumirlos" y al que "usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público".

InfoBAE.com - 8 Jun 2005

la web amiga: http://porros.freehomepage.com/entrar.htm

[pibitodel70]

Departamento Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal............. :ira: ...HIPOCRITAS DE MIERDA

[resongando]

A MODO DE VER Y MANERA
Querellantes impunes
José A. Alemán

Ahora le toca a Adán Martín probar la suerte de querellarse contra CANARIASAHORA. Se ha convertido en un deporte tal que Carlos Sosa maquina solicitar la tarjeta Granadera Canaria Plus, que por cada tres pleitos te sale uno gratis. También podríamos adquirir un local del futuro Palacio de Justicia privatizado para instalar la Redacción y no estar de yentes y vinientes fijos.



Está muy bien que el presidente del Gobierno acuda a los tribunales para reparar su honor si lo considera dañado. Tiene derecho y no vamos a retirarle por ello el saludo ni a discutirle el precio puesto a su honor. Además, nos honra tener en fila las denuncias de Soria, Mauricio, ahora Martín, Suárez Gil, etcétera. A lo que nosotros correspondemos, para que no decaiga, con las interpuestas contra Mauricio y Arnáiz, quizá pronto contra Soria; aunque no sea por nuestro honor sino por razones de interés público. Y hasta de higiene, en algún caso.

No nos inquietan las querellas de ellos, sino constatar la indefensión de la ciudadanía corriente y moliente frente a sus cancaburradas. Quiero decir que esta gente actúa sin que nos podamos defender, pero pobres de nosotros si nos impacientamos ante los constantes alardes de impune desvergüenza, sacamos las patas del tiesto y largamos una palabra más alta que otra.

Por poner un ejemplo de impunidad, el desastre sin paliativos que desde hace años son los centros de menores y que ha conducido directamente a la tragedia del establecimiento de Valle Tabares, en Tenerife. Con la salvedad de que no es la primera muerte, sin que nadie haya procedido, que yo sepa, a exigir responsabilidades. A Águeda Montelongo, la anterior consejera del ramo, la bula de que disfrutó no sólo la protegió de su ineptitud manifiesta para permitirle seguir mojando de los presupuestos sino que el Parlamento evitó su recusación. Y ahora Soria la ha recolocado en el Cabildo para darle un sueldo y siga al servicio del PP. La actual consejera, Marisa Zamora, apenas ha tenido tiempo de hacerse con el despacho, pero sí de solicitar la devolución a Madrid de las competencias de menores, lo que es reconocer la incompetencia autonómica para gestionarlas.

Sé, por supuesto, que se trata de un asunto complejo que no puede solucionarse a la primera. El pretexto de siempre. Pero ya no vale porque tiempo han tenido. No han hecho sino desoír los dictámenes profesionales, judiciales y de la Fiscalía de Menores acerca de las condiciones de los establecimientos, en ocasiones desacatando órdenes de cierre por manifiesta peligrosidad. Se ha tomado el Gobierno la Justicia a cachondeo sin que hayan prevalecido contra él las advertencias de incendios y de pérdidas de vidas humanas, que, fatalmente, se cumplieron.

No veo reacción del Gobierno que permita entrever su decisión de hacer algo. Tantos años pasando olímpicamente de los informes de situación le han creado hábito. Habrá que ayudarle diciéndole que esos informes pueden estar en los despachos en la parte de atrás de los estantes de arriba; aunque también deben mirar en lo hondo de los cajones de abajo y cruzar los dedos no vaya a ser que los echaran a las máquinas de destruir documentos.

Es fuerte decirlo, pero estoy convencido de que el Gobierno, las instancias judiciales y los políticos no tienen interés en el problema porque, después de todo, los internados en esos establecimientos son seres marginales y poco importa que allí se les impartan masters de delincuencia. Son gente sin futuro, condenadas de antemano; muchachos extraídos de ámbitos sociales tan sin peso que les encierran a sus hijos con problemas psiquiátricos, no judiciales, con las promesas de la delincuencia futura, como es el caso de la chica muerta en Tabares. Total, parecen pensar los mandarines, cuando ocurren desgracias como ésta, que no es la primera, sólo hay un poco de bulla mediática, pronto apagada porque a la sociedad bien pensante le importan una mierda estos jóvenes. Y si son inmigrantes, ni les cuento.

Hasta una próxima ocasión.



aleman@canariasahora.com

[pibitodel70]

Ke tendra Canarias-Ahora....es cierto fijo estan los politikos querellandose con estos pobres... :rolleyes: